La Cataluña de 2017 vs la España de 2022
Vivimos tiempos difíciles, y los que trabajamos en la primera línea política, sabemos muy bien de lo que hablamos. El Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos está cediendo ante los independentistas.
El problema, no es que un Gobierno ceda ante quienes quieren destruir los pilares fundamentales de nuestra sociedad y nuestra democracia, sino que sean los separatistas (tanto de Cataluña como del País Vasco), quienes lleven el rumbo del Gobierno.
ERC y Bildu apoyaron los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y tal y como dijo Gabriel Rufián, la reforma de la sedición es un ‘pago’ del Gobierno por haber dado al botón del ‘sí’ en el Congreso de los Diputados.
Parece mentira, pero estamos reviviendo lo mismo que ocurrió en el año 2017: votaciones en el Congreso a las 12 de la noche con alevosía, tramitaciones parlamentarias en medio de un puente para que capte menos la atención de los ciudadanos y de los medios, el maltrato a la oposición y reformas de nuestras leyes.
El Tribunal Constitucional ha hablado, y ha admitido a trámite el recurso del PP sobre la reforma del
Código Penal, aunque en el Congreso, se sigue esperando a que la Mesa de la Presidencia resuelva el recurso de Ciudadanos. La pasada semana, fue únicamente Inés Arrimadas quien se mostró de verdad de la oposición con sus majestuosas palabras a Batet: “Lo mismo que le dije en 2017 a Forcadell, Sr. Batet, no permita esto”.
La reforma del código penal es un pago a los separatistas
La reforma del Código Penal -al igual que dice el portavoz de ERC en el Congreso-, es un pago a los separatistas. Un pago que le exigen condenados por sedición, malversación, apología del terrorismo y pertenencia a banda armada. Es decir, delincuentes condenados en sentencia firme.
Muchos españoles nos hemos dado cuenta, a otros les falta ver un poco más las ‘medidas’ del Gobiernos, en 2019 aseguraron traer de vuelta a Puigdemont, que no indultarían a los condenados por el Procès (y aún recuerdo las palabras de María Jesús Montero diciendo a Arrimadas que “no tienen otro discurso” cuando esta les dijo que “aquí huele a indulto”, y qué razón llevaba), que no podría dormir tranquilo si pactaba con Podemos o que no rebajarían las penas por malversación -poco se habla de la malversación-, y han hecho todo lo contrario y mucho más.
Lo que tenemos muy claro que el chantaje de cuatro delincuentes nos está costando muy caro, con la destrucción de nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro Estado de derecho.
